El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió el pasado 3 de julio el proceso de consulta pública del Proyecto de Real Decreto de Fomento de los Combustibles Renovables, con el objetivo de adaptar parte de la Directiva (UE) 2018/2001 (RED III) al marco jurídico español. Esta norma pone el foco en la descarbonización del transporte y el fomento de combustibles renovables, en línea con los compromisos climáticos comunitarios.
Pero la vía elegida para su tramitación, un Real Decreto aprobado directamente por el Gobierno, continúa generando preocupación entre los actores del sector energético.
Jorge Viñuelas, responsable de asuntos europeos en la consultora beBartlet, advierte que “al final ha pasado lo esperado: expirado el plazo sin presentar un proyecto de ley ordinaria, llegan las prisas para evitar multas de la Comisión y se hace por real decreto”.
En diálogo con Strategic Energy Europe, Viñuelas lamenta que “aunque está bien que hayan sacado la consulta”, el uso del decreto implica “menos oportunidades de participación en el proceso, sin posibilidad de enmiendas ni debate parlamentario, lo que puede poner en duda la estabilidad a largo plazo”.
Este procedimiento se suma a otras transposiciones relevantes aprobadas por decreto en España, como la del Reglamento de Resiliencia frente a crisis energéticas (Reglamento (UE) 2022/2577), que fue implementado en diciembre de 2022 con el objetivo de acelerar permisos de proyectos renovables en respuesta a la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania.
También se han transpuesto por esta vía normativas vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al Reglamento de Industria de Cero Emisiones Netas, aunque en este último caso en fases iniciales.
En total, España ha recurrido a al menos cinco decretos para cumplir con directivas o reglamentos climáticos europeos desde 2022. Estas decisiones buscan evitar sanciones por retraso, pero generan inquietud por la falta de deliberación pública y parlamentaria.
Entre las normativas aún pendientes de transposición figuran elementos centrales de la Directiva de Eficiencia Energética y disposiciones sobre planificación espacial para renovables, cuya fecha de transposición venció el 21 de mayo de 2024.
El decreto actualmente en consulta regula aspectos clave como los objetivos de descarbonización por modo de transporte, reglas de cálculo de emisiones, certificación de gases e hidrógeno renovable y garantías de origen.
Sin embargo, deja fuera otros componentes fundamentales de la RED III, como las zonas de aceleración renovable o la simplificación de procedimientos administrativos, que se tratarán en normativas futuras aún sin calendario claro. “Sigue pendiente su desarrollo”, indica Viñuelas.
A nivel comparado, otros Estados miembros como Francia, Bélgica y Países Bajos han optado por modelos mixtos, combinando decretos con leyes ordinarias, para asegurar tanto celeridad como debate institucional. En cambio, la acumulación de normas por decreto en España genera preocupación entre analistas europeos.
El país registra demoras en la adopción de estos marcos normativos y opta por procedimientos legislativos que, si bien permiten acelerar su implementación, reducen las instancias de control parlamentario y transparencia en el proceso de desarrollo de políticas clave para la seguridad energética y la resiliencia climática.
El plazo para presentar alegaciones se extiende hasta el 8 de septiembre de 2025, pero los expertos del sector coinciden en que, si bien el impulso normativo es necesario, la urgencia no debe reemplazar al debate democrático ni a la planificación integral de una transición ecológica justa y participativa.
