En agosto de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó 11 resoluciones administrativas sobre energía renovable en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tramitando un total de 899,925 MW. Las tecnologías evaluadas fueron fotovoltaica, almacenamiento y eólica, con un marcado foco en proyectos híbridos y de utilidad pública.

Entre las aprobaciones más relevantes, destaca el avance de Iberdrola, que sumó 180 MW con las plantas fotovoltaicas Azután I, II y III, todas ubicadas en Toledo, que recibieron autorización administrativa previa. También Zelestra obtuvo autorizaciones completas para SPK Trujillo, de 156 MW, en Cáceres, mientras que European Energy recibió autorización para construir Pioz RD2, de 26,16 MW, en Guadalajara y Madrid.

Otro dato relevante es la aprobación ambiental del proyecto BESS Cuevas, de 55 MW de almacenamiento, promovido por Sungrow en Castellón, reflejando el creciente interés por proyectos que aporten flexibilidad al sistema eléctrico. Este enfoque estratégico se consolidó además con la declaración de utilidad pública para Sextante Solar, de 105,36 MW, desarrollado por Verbund AG en Toledo y Madrid.

En paralelo, el gobierno desestimó cuatro proyectos que totalizan 253,26 MW: las plantas Barcina Garoña Vega I y II (63,57 MW cada una), de Vega Lyra en Burgos; el parque Maragato, de 125,115 MW, promovido por Grupo IMESAPI en León; y el proyecto eólico Alto Bierzo-Sil, de 126 MW, de Repsol, también en León.

La evolución de los permisos en agosto se da en un contexto en el que el sector fotovoltaico pone énfasis en la necesidad de mejorar la integración de renovables en la red, y en la agilidad para conectar nuevas demandas industriales.

El Director General de UNEF, José Donoso, revela que actualmente hay 910 GW solicitados para conexión a red, de los cuales alrededor del 70% corresponden a centros de datos y consumidores industriales.

En diálogo con Strategic Energy Europe, plantea que esta demanda representa una oportunidad única para impulsar la reindustrialización sobre la base de energía solar competitiva.

Advierte que “si solo el 20% de esas demandas se concretaran, duplicaríamos la capacidad instalada actual”, por lo que urge acelerar la conexión de consumidores.

La necesidad de almacenamiento cobra fuerza en este escenario. Proyectos como BESS Cuevas, o la incorporación de baterías en plantas como San Blas (julio), responden a una necesidad creciente de evitar vertidos por restricciones técnicas, especialmente en ciertos nudos de la red.

Según Donoso, el despliegue de baterías podría haberse adelantado si se hubiera aprobado a tiempo el Real Decreto-ley 7, lo que subraya la urgencia regulatoria.

Los datos del mes muestran una tendencia clara: mientras se consolidan proyectos fotovoltaicos con declaraciones de utilidad pública y almacenamiento, el desafío está en habilitar con rapidez la conexión de nueva demanda industrial, y evitar que la falta de capacidad de red o de incentivos desplace inversiones hacia otros mercados.