Ya está disponible el Real Decreto aprobado esta semana en el Consejo de Ministros donde se establecen las medidas urgentes para la modernización del sistema eléctrico español, que reestructura las obligaciones técnicas del operador de red, refuerza la supervisión del sistema y habilita la integración masiva de almacenamiento y electrificación de la demanda.
La norma —ver al final del artículo— incorpora elementos del Real Decreto-ley 7/2025 (“antiapagones”), dado de baja por el Congreso a inicios del verano.
Estas reformas configuran una actualización técnica sin precedentes del marco operativo de red desde 2014. Para el abogado y experto en energía Jorge Andrey Sterner, socio de Samsø, esta actualización “es una buena noticia porque corrige un vacío regulatorio” y en diálogo con Strategic Energy Europe, señaló que “representa la consolidación de una arquitectura más madura y estable”.
¿Cuáles son los principales cambios?
El nuevo Real Decreto despliega cuatro ejes de actuación concretos:
- Supervisión y control de red: refuerza el papel de la CNMC en la inspección de la red; el regulador deberá emitir informes trimestrales sobre control de tensión y reposición del suministro y desarrollar un plan trienal de inspección de las capacidades de arranque autónomo, generación síncrona y respuesta de emergencia.
Además, Red Eléctrica de España (REE) deberá revisar los parámetros de amortiguamiento de oscilaciones de potencia (PSS y POD), la respuesta dinámica de tensión y la inyección estable de potencia activa, así como implementar un sistema de registro de incidentes de alta resolución (20 ms).
Este binomio de control permitirá evaluar en tiempo real la calidad de tensión, la reposición del servicio y la respuesta de los generadores ante perturbaciones. - Integración acelerada del almacenamiento: redefine la potencia instalada de los módulos y sistemas de almacenamiento electroquímico, estableciendo un criterio uniforme para paneles bifaciales, inversores y transformadores. El artículo 6 establece una tramitación urgente para hibridaciones con almacenamiento, unificando autorizaciones previa y de construcción y reduciendo los plazos a la mitad.
“Esto es un cambio fundamental —explicó Sterner— porque elimina trabas burocráticas para instalar contenedores de baterías en parques ya antropizados”, lo que será positivo para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del PNIEC de 22,5 GW de capacidad de almacenamiento en 2030. - Fomento de la electrificación industrial y del transporte: se establece una caducidad de cinco años para los derechos de acceso y conexión no ejecutados, y se impone la obligación de incluir el código CNAE en las solicitudes. Según Sterner, “es una medida necesaria para evitar la especulación con los permisos de demanda, como ocurrió en 2018-2019 con los proyectos de generación”.
También se fijan plazos estrictos para las distribuidoras, que deberán atender las nuevas solicitudes en entre 5 y 80 días hábiles según la magnitud de la ampliación de red. - Repotenciación e innovación: el Real Decreto incorpora por primera vez la definición jurídica de repotenciación conforme a la normativa europea, y obliga a desarrollar una Hoja de Ruta Nacional en nueve meses para promover la sustitución de equipos, el incremento de eficiencia y la creación de plataformas de I+D+i para ensayo de prototipos. Estas plataformas podrán conectar y desconectar tecnologías experimentales sin reiniciar trámites administrativos.
El abogado especialista considera que este nuevo marco inaugura “una etapa de madurez regulatoria que obliga al inversor a mirar a largo plazo”, donde las condiciones coyunturales para la fotovoltaica ya no son tan atractivas como hace unos años, pero el nuevo marco normativo “aporta previsibilidad y reduce el riesgo técnico”.
Destacó además que el Real Decreto consolida un modelo de corresponsabilidad entre generadores, distribuidoras y operador del sistema, con el fin de “pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo en la gestión de estabilidad y flexibilidad de la red”.
La regulación que falta
De cara al futuro, Sterner subraya la importancia de completar el Real Decreto sobre autoconsumo y almacenamiento distribuido, actualmente en consulta.
“El impulso al almacenamiento macro ya está cubierto, pero falta desarrollar el pequeño y mediano, donde la agregación de la demanda y la digitalización serán determinantes”, enfatizó.
Con esta norma, España refuerza su posición como referente regulatorio en la transición energética europea, al combinar exigencias técnicas de alto nivel con incentivos para la innovación industrial y la estabilidad de red.
BOE-A-2025-22434
