El apagón masivo del 28 de abril sigue provocando tensiones en el sector energético español. Iberdrola acaparó titulares en los principales medios nacionales e internacionales tras dar un paso más en su enfrentamiento con Red Eléctrica Española (REE) al anunciar su intención de demandar a la presidenta del operador del sistema, Beatriz Corredor, por considerar que sus declaraciones ante el Senado afectaron gravemente la reputación de la compañía.
El origen del conflicto remite a la comparecencia de Corredor el pasado 11 de septiembre ante la Comisión de Investigación sobre el apagón. Allí defendió la actuación de REE y atribuyó la causa del corte eléctrico al “incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión”.
Aunque no mencionó de forma explícita a Iberdrola, la empresa interpretó sus palabras como una alusión directa y un ataque a su honor. Antes de formalizar la demanda, la eléctrica presentará un escrito de conciliación en los juzgados de Alcobendas, localidad donde está domiciliada REE, con el objetivo de lograr una retractación pública. Si no se alcanza un acuerdo, avanzará la vía judicial ordinaria.
Este episodio se suma a una larga secuencia de roces entre ambas entidades desde el apagón. En junio, Iberdrola acusó al operador de haber actuado de forma “temeraria y negligente” durante la crisis, mientras que REE defendió sus decisiones operativas y responsabilizó a las centrales convencionales por no absorber suficiente potencia reactiva.
El conflicto no se limita al terreno mediático: la eléctrica cuestionó la legitimidad del comité estatal que investiga el apagón, recurriéndolo ante el Tribunal Supremo por considerarlo carente de base legal e imparcialidad. Además, la Audiencia Nacional autorizó su personación en la causa que analiza si un posible sabotaje informático estuvo detrás del incidente.
La compañía busca que la Justicia reconozca el daño causado a su imagen frente al mercado, los inversores y los actores del sector. Si la demanda prospera, podría sentar un precedente en la defensa del honor corporativo dentro de sectores estratégicos.
Al mismo tiempo, la controversia pone de relieve la necesidad de esclarecer con transparencia la causa real del apagón, un reclamo tanto del público como de la industria. La credibilidad de las instituciones y la confianza en la planificación energética también están en juego, en un contexto donde los gobiernos observan con atención las derivaciones técnicas y regulatorias del caso.
Mientras tanto, el proceso de conciliación determinará si la disputa puede resolverse sin llegar a juicio. De lo contrario, Iberdrola deberá probar que Corredor se refería a ella en su intervención y el conflicto podría escalar a un terreno judicial y mediático aún más complejo, mientras el país espera conocer las verdaderas causas que produjo la tensión 0 en el sistema eléctrico español.
