El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha vuelto a colocar un obstáculo en el desarrollo eólico de la comunidad con la anulación de las autorizaciones administrativa previa y de construcción del parque A Ruña III, promovido por Eurus Desarrollos Renovables en Mazaricos (A Coruña).
El argumento sostiene que la declaración de impacto ambiental (DIA) fue deficiente porque no evaluó conjuntamente el parque con su línea de evacuación eléctrica, ni analizó con suficiente profundidad los posibles efectos sobre la Red Natura 2000.
Sin embargo, es importante precisar que cuando se autorizó el parque —bajo la vigencia de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la Ley gallega 8/2009 de aprovechamiento eólico, antes de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1183/2020— era jurídicamente posible tramitar ambos expedientes de manera independiente.
Esto ha generado un nuevo episodio de incertidumbre jurídica en Galicia, región que concentra cerca del 20% de los proyectos eólicos en tramitación en España y que mantiene suspendidos casi 2 GW de potencia por procesos judiciales abiertos.
La sentencia llega después de que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hubieran avalado recientemente los procedimientos ambientales aplicados por la Xunta de Galicia, lo que había devuelto cierto optimismo al sector tras años de paralización.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) expresó su “estupefacción” y advirtió que este tipo de decisiones judiciales generan “una pérdida de confianza inversora y un grave riesgo para la estabilidad regulatoria del país”.
La entidad recordó que el sector eólico español ha mantenido su compromiso con Galicia a pesar del prolongado parón judicial, pero alertó que cada nuevo giro jurisprudencial incrementa la inseguridad jurídica y retrasa inversiones que podrían crear miles de empleos.
AEE instó a restablecer un marco de tramitación coherente y predecible que permita avanzar hacia los objetivos del PNIEC, sin enfrentar cambios interpretativos constantes.
La línea de evacuación de A Ruña III ya había sido evaluada y aprobada en expediente independiente, práctica habitual antes de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1183/2020 y posteriores actualizaciones autonómicas.
Para el tribunal, sin embargo, la DIA del parque carece de validez al no integrar ambos elementos en un solo estudio, criterio que contradice la doctrina sentada por el Supremo en la sentencia Campelo (marzo de 2025), donde se reconoció que compartir infraestructuras no implica necesariamente una tramitación unificada.
La Xunta de Galicia anunció que recurrirá en casación, defendiendo que el fallo aplica criterios retroactivos y genera un riesgo severo para la seguridad jurídica.
El marco español: crecimiento sostenido pero desigual
Pese a la parálisis gallega, España ha mantenido un crecimiento sostenido en capacidad eólica durante el último lustro. Según datos de Red Eléctrica de España (REE) y de la Asociación Empresarial Eólica, el país alcanzó en 2024 una potencia total instalada de 31,6 GW, frente a los 23,5 GW registrados en 2019.
Es decir, en cinco años se añadieron más de 8 GW de nueva capacidad, impulsada por la entrada en operación de parques en Castilla y León, Aragón y Andalucía, que concentran más del 50% de la nueva potencia.
Galicia, sin embargo, no ha seguido ese ritmo. Desde 2021 la comunidad apenas ha incorporado 50 MW nuevos, debido a la cascada de suspensiones cautelares dictadas por el TSXG.
En la actualidad, la región cuenta con 4 GW eólicos operativos, aunque dispone de más de 2,5 GW en distintos estadios de tramitación o construcción que permanecen bloqueados.
Este retraso no solo afecta al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija un objetivo de 62 GW eólicos nacionales para 2030, sino que también pone en riesgo la continuidad de la cadena industrial gallega, que concentra fábricas de torres, palas y componentes estratégicos.
Tres años de freno judicial: la cronología de un bloqueo
El actual escenario de parálisis eólica en Galicia comenzó en 2022, cuando el TSXG empezó a dictar autos de suspensión cautelar sobre los permisos de construcción de nuevos parques, invocando el principio de precaución ambiental.
Estas resoluciones se basaron en informes periciales que advertían posibles daños irreversibles a especies protegidas o impactos acústicos en zonas habitadas. A finales de 2024, el tribunal había suspendido más de 60 proyectos, sumando casi 2 GW en total.
En paralelo, los tribunales abordaron cuestiones de procedimiento. Durante 2023, varias asociaciones ecologistas denunciaron que las autorizaciones vulneraban el derecho de participación pública previsto en la Directiva 2011/92/UE, al haberse sometido los proyectos a información pública antes de recabar todos los informes sectoriales.
El TSXG trasladó la duda al TJUE, que el 1 de agosto de 2025 resolvió a favor de la Xunta: la directiva no exige que las administraciones dispongan de todos los informes antes de abrir el periodo de alegaciones, siempre que la participación sea temprana y efectiva. Este pronunciamiento despejó uno de los principales fundamentos de impugnación.
Por otro lado, el Tribunal Supremo emitió en marzo de 2025 la sentencia Campelo, que corrigió el criterio del TSXG sobre la supuesta “fragmentación” de proyectos.
El alto tribunal determinó que la existencia de infraestructuras compartidas no obliga a tramitar un único expediente ambiental, siempre que se analicen los efectos sinérgicos entre parques. Esa decisión se interpretó como un aval a la metodología empleada por la Xunta y por los promotores para estructurar proyectos complejos.
Con ambos fallos el sector confiaba en haber cerrado la etapa más incierta. Pero la nueva sentencia sobre A Ruña III introduce un elemento adicional: el TSXG ya no cuestiona el procedimiento formal, sino el alcance material de las evaluaciones, incluso si la legislación previa no lo contemplaba.
El resultado de esta judicialización es un bloqueo de inversión sin precedentes. Según cálculos del propio sector, los retrasos en Galicia comprometen más de 3.000 millones de euros en inversión directa y más de 2.500 empleos ligados a la construcción y mantenimiento de parques.
La AEE advierte que cada año de demora equivale a un 10% menos de potencia nueva a nivel nacional, afectando la competitividad y la descarbonización del sistema eléctrico.
Las empresas promotoras también señalan el riesgo reputacional de Galicia como territorio receptor de inversión energética. Grandes grupos con experiencia internacional, que venían desarrollando proyectos en la comunidad desde hace más de una década, han trasladado parte de su pipeline a otras regiones o países con marcos regulatorios más estables.
En paralelo, las compañías eólicas gallegas, que aportan un importante componente industrial y logístico, alertan sobre la pérdida de contratos en fábricas locales ante la falta de nuevos proyectos.
El reclamo del sector: seguridad jurídica y planificación estable
Desde 2022, el sector eólico ha reiterado que la falta de seguridad jurídica es el principal factor de riesgo para cumplir los objetivos del PNIEC.
Las patronales y asociaciones regionales piden una coordinación más estrecha entre el Ministerio para la Transición Ecológica, la Xunta de Galicia y los tribunales, con el fin de definir criterios unificados sobre la tramitación ambiental y la evaluación de sinergias entre parques.
También reclaman la actualización del Plan Sectorial Eólico de Galicia, vigente desde 1997, y una revisión del mapa de sensibilidad ambiental que permita orientar la nueva capacidad hacia zonas compatibles.
En respuesta, la Xunta ha reformado parcialmente la Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico, incorporando disposiciones para agilizar los procedimientos y reforzar la evaluación ambiental estratégica.
No obstante, cada modificación ha sido seguida de nuevos recursos contenciosos, lo que ha derivado en una espiral de litigios y reformas que, lejos de aportar estabilidad, han prolongado la incertidumbre.
La administración autonómica defiende que los proyectos cumplen los estándares europeos y que las decisiones judiciales responden a una interpretación expansiva de la normativa.
El empresariado, por su parte, insiste en que no se trata de relajar las exigencias ambientales, sino de dotar de previsibilidad al proceso de permitting.
Piden que las reglas sean claras desde el inicio, que los plazos se respeten y que los criterios de evaluación ambiental no cambien una vez iniciado el expediente.
Camino al desbloqueo
A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de A Ruña III, el sector observa con cautela la evolución del contencioso. Si el alto tribunal mantiene su doctrina previa y revoca el fallo del TSXG, se consolidará una línea jurisprudencial más favorable al desarrollo eólico, reforzando la estabilidad normativa y facilitando la reactivación de los proyectos paralizados.
Si, por el contrario, el Supremo confirma el criterio de evaluación conjunta, las empresas deberán adaptar sus procedimientos a un estándar más estricto, asumiendo mayores costes y tiempos de tramitación.
En cualquier caso, la experiencia gallega deja una lección clara: sin coherencia regulatoria y sin coordinación institucional, la transición energética se ralentiza.
