La expansión del almacenamiento energético en España comienza a traducirse en hechos concretos. Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entre 2022 y 2025, proyectos de distinta escala y tecnología han logrado avances en su tramitación ambiental, reflejando el interés creciente de promotores nacionales e internacionales.
La mayoría de las 40 iniciativas corresponden a módulos de baterías acoplados a parques fotovoltaicos y eólicos. En total suman 4.300 MW de potencia.
Ejemplos recientes incluyen el proyecto Coria Villetas en Cáceres, con 156,2 MW de solar y 13,75 MW de almacenamiento, o el caso de La Nava en Ciudad Real, donde Naturgy sumará 20,8 MW de baterías a una planta fotovoltaica de 46,2 MW.
Compañías como Enel Green Power, Iberdrola, OPDEnergy, Statkraft y Grenergy han obtenido autorizaciones para integrar sistemas de entre 20 y 40 MW en plantas ya existentes, destacando la estrategia de los grandes grupos por reforzar su cartera híbrida.
Aunque aún son minoritarios, comienzan a visibilizarse proyectos stand-alone. Uno de los más relevantes es Tabiella BESS en Asturias, con 100,2 MW, promovido por TagEnergy, que recibió informe de impacto ambiental favorable a finales de 2024.
También destacan proyectos en Girona y Cádiz, con potencias superiores a los 100 MW, que evidencian el interés por emplazamientos estratégicos para arbitraje y servicios de red.
Los proyectos se reparten por todo el territorio: Castilla-La Mancha suma cerca de 1.200 MW, Extremadura alrededor de 900 MW, Andalucía unos 800 MW, Cataluña 600 MW, Comunidad Valenciana 500 MW y Aragón 300 MW, concentrando la mayoría de los expedientes.
Esta dispersión geográfica no solo responde a la disponibilidad de recurso renovable, sino también a la saturación de nudos de conexión donde el almacenamiento surge como válvula de escape para evitar vertidos.
En paralelo a estos avances, Red Eléctrica ha confirmado que ya existen más de 25 GW de solicitudes de puntos de conexión para almacenamiento. Aunque no todo se materializará, la cifra refleja el apetito inversor y la necesidad de flexibilidad que exige un sistema con más del 60% de generación renovable en determinados meses.
Con convocatorias de ayudas recientes —como la línea de 700 millones de euros del IDAE con fondos FEDER— y la inminente creación de un mercado de capacidad, el sector espera que una parte sustancial de los proyectos en tramitación logre viabilidad económica y financiera en los próximos años.
España encara un salto cualitativo en almacenamiento. La combinación de hibridaciones que optimizan la red y proyectos stand-alone de gran escala anticipa un despliegue acelerado en la segunda mitad de la década, clave para alcanzar los 22,5 GW de capacidad previstos en el PNIEC 2030.
