El texto rechazado era de carácter eminentemente técnico y respondía a la necesidad urgente de dotar al sistema eléctrico de mayor resiliencia, seguridad operativa y de suministro, en un contexto de transformación profunda del modelo energético. No existía ninguna razón técnica para oponerse a su aprobación. Muy al contrario: desde el sector eólico se ha venido trabajando de forma activa para compartir la importancia de su contenido claramente apolítico, precisamente por su carácter estratégico para el país.
La no convalidación es, a juicio del sector, un error. Condiciona seriamente el desarrollo de las energías renovables – en particular de la eólica como vector energético que debe incrementar significativamente su presencia actual en el mix -, y afecta a la electrificación de la economía y al objetivo común de lograr un sistema energético moderno, eficiente y seguro para todos los territorios.
El rechazo de este Real Decreto-ley constituye una decisión que va en contra de los intereses de nuestra economía y del impulso industrial necesario para afrontar la transición energética con garantías. Esta situación se suma a otros precedentes recientes, como la no aprobación de decretos similares en el ámbito autonómico —como ocurrió en Cataluña—, también por razones eminentemente partidistas.
La robustez de nuestro sistema energético no debería quedar al albur de una aritmética parlamentaria. Lo que está en juego es la garantía de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad del país.
Por todo ello, habiendo sido ya derogado el Real Decreto ley, el sector eólico solicita que con carácter de urgencia se activen los procesos necesarios, mediante un Proyecto de Ley o Proposición de Ley para que se pueda retomar el debate profundo sobre su contenido en el menor plazo de tiempo posible y se pueda diseñar una norma que cuente con el apoyo necesario para su aprobación.
El sector eólico español, que genera un 23% de la energía del mix eléctrico, hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que este tipo de situaciones no se repita. España no puede permitirse no disponer de una regulación necesaria, ideológicamente neutra, y vital para su futuro energético, económico e industrial.
