El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió esta semana una consulta pública previa para recabar información y opiniones del sector eléctrico sobre la transposición de la Directiva (UE) 2024/1711, aprobada el pasado 13 de junio por el Parlamento Europeo y el Consejo.
La norma, que modifica las Directivas 2018/2001 y 2019/944, introduce una reforma profunda del mercado eléctrico europeo para reforzar la estabilidad de precios, la protección al consumidor y la resiliencia de los comercializadores ante escenarios de alta volatilidad.
La consulta, abierta hasta el 27 de octubre, busca identificar los principales desafíos regulatorios y operativos que enfrentará el sistema eléctrico español en la implementación de este nuevo marco. Desde el sector, el proceso se interpreta como una fase decisiva para definir la hoja de ruta hacia un mercado más predecible y competitivo, capaz de absorber la transición energética sin comprometer la viabilidad económica de los agentes.
El documento sienta las bases para una nueva arquitectura de mercado centrada en la participación activa del consumidor y la gestión prudente del riesgo por parte de los comercializadores.
La directiva exige que todos los países miembros garanticen la existencia de ofertas de suministro a precio fijo, desvinculadas de la volatilidad de los mercados mayoristas, al tiempo que promueve mecanismos de cobertura financiera y “test de estrés” para evaluar la solvencia de las comercializadoras ante eventuales crisis de precios.
Estos consisten en simulaciones financieras y operativas que analizan la capacidad de las comercializadoras para soportar incrementos bruscos de los precios eléctricos o reducciones de liquidez en el mercado. Su objetivo es detectar vulnerabilidades, anticipar riesgos de insolvencia y garantizar que las empresas dispongan de márgenes de cobertura suficientes para mantener el suministro en condiciones adversas.
El texto también incorpora el derecho al consumo compartido de energía renovable, una medida que podría impulsar nuevos modelos de colaboración ciudadana y empresarial en la generación distribuida. La regulación nacional deberá definir su alcance geográfico y su relación con el autoconsumo, un aspecto que despierta especial interés entre cooperativas y comunidades energéticas locales.
En el plano técnico, la directiva introduce también los permisos de acceso flexible, concebidos para facilitar nuevas conexiones en zonas de red saturadas. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya trabaja en una propuesta similar para la demanda, tanto en redes de distribución como de transporte, lo que podría acelerar la transposición de este punto.
No obstante, los operadores de red y los generadores advierten que la regulación deberá garantizar criterios claros de priorización y seguridad operativa para evitar incertidumbres en los puntos de acceso.
Otro de los ejes que genera debate entre comercializadoras y asociaciones sectoriales es la posibilidad de que los consumidores contraten electricidad con varios suministradores de manera simultánea manteniendo un único CUPS. Esta figura, prevista en el Reglamento (UE) 2024/1747, busca fomentar la competencia y la flexibilidad, aunque su implementación requerirá un rediseño profundo de los sistemas de liquidación y medición.
La apertura de esta consulta marca el inicio formal del proceso de transposición. El MITECO solicita aportaciones sobre cuestiones clave como la eliminación de barreras regulatorias, los mecanismos de supervisión financiera y la adecuación de las propuestas nacionales a los nuevos principios europeos de mercado.
Las respuestas podrán enviarse hasta el lunes 27 de octubre de 2025 a través de la plataforma de participación habilitada por el Ministerio.
Desde las principales asociaciones empresariales se considera que la iniciativa llega en un momento crítico para el sector eléctrico. Tras varios años de tensión en los precios mayoristas y una acelerada integración de renovables, los actores coinciden en que el nuevo marco europeo ofrece una oportunidad para consolidar un entorno regulatorio más estable, siempre que la transposición española logre equilibrar protección al consumidor, seguridad de suministro y sostenibilidad empresarial.
