Catalunya dio un paso decisivo para acelerar la transición energética al aprobar el Decreto Ley 4/2025, que regula por primera vez el almacenamiento con baterías y declara de interés público superior a los proyectos de energías renovables y almacenamiento. La norma, publicada en el DOGC, busca agilizar la tramitación de 94 expedientes por 1 GW en baterías, de los cuales 920 MW corresponden a proyectos stand-alone y 22 MW a hibridados.
En diálogo con Energía Estratégica España, Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de beBartlet, subraya que la declaración de interés público superior es una figura clave.
“El objetivo principal es reducir el tiempo de tramitación, que hoy puede superar los cuatro años. La normativa europea establece plazos máximos de doce meses”, puntualiza.
Labanda considera que el decreto puede marcar una diferencia estructural en la implementación de proyectos. “Lo que falta es ver los niveles de detalle: si aplicará silencio positivo en los informes preceptivos, si tendrá prioridad frente a normativa local o si se reducirán los plazos concretos. Pero su sola existencia ya es valiosa como señal regulatoria”, observa.
A su entender, las comunidades autónomas cumplen un rol clave como laboratorios de innovación regulatoria en el país. “Generar jurisprudencia y referencias concretas es lo que permite que otros territorios adopten figuras similares. Es lo que sucedió con la unidad tramitadora de proyectos en Andalucía, y puede pasar ahora con este modelo catalán”, afirma.
El contexto energético y político acompaña la urgencia. Es una de las últimas comunidades autónomas en iniciar su proceso de transición energética y el ritmo de penetración de renovables aún es muy bajo. Según datos de Red Eléctrica de España (REE), en 2024 la participación de energías renovables en la generación eléctrica de Catalunya fue del 22,8%, frente al 52,4% de media nacional. Además, la región cuenta con 410 MW de solar fotovoltaica instalada, lo que representa apenas el 1,5% del total nacional, manteniendo una alta dependencia de la generación térmica. Esta situación subraya la urgencia de medidas como el nuevo decreto para revertir este rezago.
“Catalunya está dando un giro de 180 grados en su política energética. Este decreto es solo una primera pieza: se anuncian nuevas medidas para biometano, digitalización y simplificación administrativa”, destaca el directivo de beBartlet.
En efecto, el Govern trabaja en una Ley Integral de Energía, cuya tramitación se iniciará en 2025 y que pretende dar respuesta a las debilidades del actual modelo energético autonómico. Esta futura normativa incluirá una planificación energética multianual, criterios de retribución para comunidades energéticas, y procedimientos específicos para acelerar las autorizaciones administrativas, en línea con lo ya adelantado en el reciente anuncio.
El Decreto Ley 4/2025 modifica el Decreto Ley 16/2019 para incorporar al almacenamiento en el mismo rango legal que las instalaciones de renovables. De este modo, se equiparan a los “servicios técnicos de infraestructuras de utilidad pública o interés social” en suelo no urbanizable, tal como lo establece la legislación europea mediante la Directiva REN3.
En complemento, asociaciones del sector celebraron la iniciativa. AEPIBAL destacó que el decreto “abre de par en par las puertas al desarrollo de proyectos de almacenamiento” y agradeció a las autoridades del Govern por su liderazgo.
Por su parte, UNEF enfatizó la necesidad de una implementación inmediata y efectiva. “No se entendería que nadie esgrimiera ninguna excusa para dilatar su aplicación”, indicó Salvador Salat, delegado en Catalunya.
La asociación solar subrayó que la norma debe servir para transformar la visión del almacenamiento: de obstáculo administrativo a activo clave de la transición. Además, su director general José Donoso remarcó que “la tecnología fotovoltaica, con almacenamiento, gridforming y el nuevo procedimiento 7.4, puede contribuir más a la estabilidad de la red que las fuentes fósiles”.
Catalunya se posiciona así como un referente en regulación del almacenamiento, con un modelo que podría replicarse a nivel nacional. Pero como subraya Labanda, “la clave estará en la aplicación práctica y efectiva de este nuevo marco”.
