Con 183 votos en contra y 165 a favor, sin abstenciones, el Congreso de los Diputados derogó el Real Decreto-ley 7/2025, una normativa que prometía reforzar el sistema eléctrico español tras el apagón del pasado abril. 

Entre los bloques que votaron en contra estuvieron el Partido Popular, VOX, Podemos y el BNG, lo que expone una falta de consenso parlamentario incluso en materias estratégicas para el país.

Durante el debate parlamentario, varios grupos alertaron sobre la importancia del RDL para corregir las fallas estructurales expuestas por el apagón del 28 de abril, incluyendo medidas para reforzar el autoconsumo, flexibilizar redes y aumentar el control sobre operadores.

Otros discursos cargaron contra el decreto por considerar que consolidaba privilegios del oligopolio eléctrico, relajaba los controles ambientales y priorizaba ayudas a grandes compañías sin exigir responsabilidades por el apagón. También se rechazó que el texto incluyera compensaciones a industrias intensivas sin desvincularlas de los mecanismos del sistema eléctrico.

Con la derogación consumada, el sector queda sumido en una atmósfera de incertidumbre regulatoria crítica, marcada por la frustración de quienes ven truncado un avance estructural hacia un sistema más limpio, resiliente y eficiente.

La decepción se palpa en cada reacción: no solo se perdió una norma, se perdió también el impulso tangible a soluciones urgentes que el sector había consensuado y reclamado como inaplazables.

Para muchos, es reflejo de un momento político atravesado por la polarización, la fragilidad de alianzas y una gobernabilidad condicionada por la disputa entre bloques.

El sector energético queda así atrapado en un tablero donde las urgencias técnicas no logran imponerse a las lógicas del corto plazo parlamentario.

Perspectiva sectorial

Quedaron truncadas disposiciones clave como la ampliación del radio para autoconsumo compartido, la creación de la figura del gestor de autoconsumo, la declaración de utilidad pública del almacenamiento de energía y la agilización de trámites para la repotenciación eólica.

También se pierde la oportunidad de incentivar la electrificación del transporte y establecer compensaciones técnicas por control de tensión a las renovables.

Además, queda sin efecto el paquete de medidas orientado a mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, que incluía bonificaciones específicas, flexibilización de tarifas y priorización del acceso a energía más asequible mediante contratos bilaterales o renovables.

“Esta no aprobación afectará muy negativamente. Es una oportunidad única perdida para generación de empleo, avance más limpio y competitivo hacia la transición ecológica. Hay inversiones en riesgo del entorno de los 30.000 millones de euros”, expresan desde UNEF.

En diálogo con Strategic Energy Europe, la patronal solar destaca que se trataba de un texto técnico con amplio consenso entre actores del sector eléctrico, la industria electrointensiva y organizaciones ecologistas.

“Hay que analizarlo, pero no veo claro un plan B y desde luego es perjudicial para todo lo que incorporaba de fomento del almacenamiento en particular hibridado”, señala Chema Zabala, de Alantra Energía.

Por su parte, Carlos Martín Graña, de ENERJOIN, detalla que la inclusión de múltiples medidas no relacionadas en un único texto —como ayudas a la industria y un decreto antiapagones— ha dificultado los apoyos parlamentarios.

Muestra preocupación por el giro discursivo del Gobierno durante el debate, en el que se advirtió sobre un posible nuevo apagón si no se aprobaba el decreto, lo que considera una estrategia que tensiona aún más el clima político.

Señala que esta derogación representa un revés para la competitividad de la industria española, que ya enfrenta desventajas frente a los precios eléctricos de países como Francia y Alemania.

En el caso del consultor Álvaro de Simón, Head of Partners de Finlight, considera: “Estamos retrasados en la modernización de la red eléctrica del plan 2025-2030” y aclara que para garantizar una demanda electrificada y atraer inversión se necesita un marco regulador claro y condiciones ventajosas.

Pronunciamientos institucionales tras el revés legislativo

Desde el ámbito institucional, el rechazo fue recibido con preocupación. La Asociación Empresarial Eólica calificó la decisión como un error: “Condiciona seriamente el desarrollo de las energías renovables y afecta a la electrificación de la economía”.

La entidad, que representa una tecnología responsable del 23% del mix eléctrico, reclama un nuevo marco legislativo urgente mediante proyecto o proposición de ley.

La Fundación Renovables también lamentó la decisión, atribuyéndola al “tacticismo político” y no a razones técnicas. Subraya que el decreto incluía herramientas claves como el gestor de autoconsumo, la declaración de utilidad pública del almacenamiento y medidas de repotenciación eólica que impactaban de lleno en regiones como Galicia.

En tanto, APPA Renovables advirtió sobre el riesgo de colapso que supone mantener los actuales hitos administrativos, alertando que “sin impulso a la demanda ni al almacenamiento, se incrementarán las horas a precios cero y negativos, lo que amenaza la rentabilidad de los proyectos en operación”.

El revés al decreto generó un impacto inmediato en el ecosistema energético: las principales herramientas de respuesta técnica ante los desafíos del sistema eléctrico quedaron paralizadas. ¿Deberá el Gobierno insistir por la vía parlamentaria con un nuevo proyecto que recupere los aspectos técnicos del RDL 7/2025? La respuesta, según las voces del sector, parece ineludible si se pretende dotar al sistema de estabilidad, competitividad e inversión sostenida.