La Generalitat de Cataluña ha aprobado el Decreto‑ley 22/2025, una norma diseñada para elevar la resiliencia del sistema eléctrico y, en paralelo, destrabar el despliegue de tecnologías limpias. La norma actualiza procedimientos sectoriales y urbanísticos, ajusta el acceso y la conexión a red y ordena la participación local para que la inversión fluya a proyectos con mayor certidumbre regulatoria.
El decreto incorpora el almacenamiento al procedimiento energético catalán y clarifica su encaje urbanístico tanto en modalidad independiente como hibridada con generación.
En la práctica, esto permite que baterías en suelo industrial o logístico avancen con menos fricción y se prioricen nodos donde aporten flexibilidad operativa. La Generalitat abre la puerta a una convocatoria de entre 2,5 y 3,5 GW de proyectos —con intensidades de ayuda elevadas sobre el CAPEX— para que el sistema disponga de recursos capaces de seguir consignas en tiempo real y aportar servicios de red.
En generación renovable, la norma refuerza la figura de interés público superior y simplifica autorizaciones, con especial mención a la implantación sobre infraestructuras existentes (canales, balsas, obras hidráulicas) y a la agrovoltaica, de modo que los proyectos puedan compatibilizarse con el uso del suelo.
A su vez, ordena la información de acceso y conexión: la Dirección General de Energía podrá requerir a las distribuidoras datos por subestación, canalizar alternativas de conexión cuando haya denegaciones y reducir la asimetría informativa que hoy ralentiza decisiones de inversión.
El texto también regula y registra las comunidades energéticas, habilitándolas para gestionar autoconsumo colectivo, almacenamiento compartido y, en el futuro, servicios de flexibilidad. Todo ello se acompaña de mejoras procedimentales en redes de transporte y distribución —sin cambiar la naturaleza urbanística del suelo afectado— e instrumentos de compensación municipal para acelerar obras críticas.
Para promotores y operadores, el decreto es una señal clara de reducción de riesgo regulatorio: mayor previsibilidad en autorizaciones, canal de acceso a red más transparente y un pipeline de baterías con reglas estables.
Este giro busca acelerar un despliegue que en Cataluña viene rezagado respecto de otras comunidades: distintos balances señalan que la comunidad solo ha alcanzado en torno al 20 % del objetivo de generación renovable de 2030 y que, para cumplir la PROENCAT, debería multiplicar por cinco su capacidad de generación limpia en la presente década.
En paralelo, informes de referencia y datos del sistema muestran que otras regiones —Castilla y León, Aragón o Castilla‑La Mancha— han sostenido ritmos de autorización y conexión muy superiores, liderando MW nuevos tanto eólicos como fotovoltaicos.
En términos operativos, la integración de almacenamiento y la priorización de proyectos sobre infraestructuras existentes deberían reducir tiempos y costes de conexión, aportar control dinámico de tensión y mejorar la gestión de rampas de la fotovoltaica y del viento.
Para municipios y ciudadanía, el marco de comunidades energéticas y la participación local bien diseñada pueden alinear aceptación social y beneficios económicos, condición clave para acelerar la implantación sin aumentar la conflictividad territorial.
El punto de partida han sido los incidentes de estabilidad de este año, incluido el apagón del 28 de abril, que evidenciaron la necesidad de recursos gestionables y de flexibilidad en un sistema con alta penetración de renovables variables.
El preámbulo del decreto concluye que las respuestas coyunturales no bastan y que hacía falta un ajuste estructural: más almacenamiento, procedimientos más ágiles, mejor información de red y un marco que facilite inversión donde más valor sistémico aporta.
De acuerdo con la Prospectiva Energética de Cataluña 2050 (PROENCAT), la senda compatible con los objetivos climáticos exige un salto de escala: entre 2030 y 2040 deberían incorporarse alrededor de 27 GW de potencia renovable nueva (~12 GW eólicos y ~15 GW fotovoltaicos) para acercarse a un parque renovable de casi 43 GW en 2040.
Además, el periodo 2030‑2035 debe absorber el cierre de los grupos nucleares catalanes, lo que obliga a acelerar la entrada de nueva generación y almacenamiento para sostener la seguridad de suministro y la competitividad industrial.
