El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el 25 de agosto de 2025 el inicio del procedimiento para elaborar las directrices sectoriales de ordenación territorial de instalaciones de almacenamiento energético en baterías (BESS) en suelo no urbanizable. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 5 de septiembre, implica además la suspensión temporal de licencias para estos proyectos, salvo en suelos industriales, mineros o energéticos degradados y para instalaciones de autoconsumo de hasta 3 MW.

La decisión llega más de un año después de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) alertara sobre la falta de regulación y del “aluvión descontrolado de solicitudes” de empresas que buscaban puntos de conexión en la región sin criterios urbanísticos ni sociales definidos. Esta situación generó alarma pública y motivó la elaboración de un marco regulador.

Según el acuerdo, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos será responsable de formular las directrices, mientras que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo redactará el documento de avance y el documento inicial estratégico de evaluación ambiental. Este último deberá precisar los objetivos de la nueva regulación y los aspectos territoriales y ambientales a modificar. El texto se someterá a información pública por un mes una vez finalizado.

Un informe de la Universidad de Oviedo sustenta la medida, identificando riesgos asociados a las instalaciones BESS en cinco categorías: incendios, gases, vertidos, emisiones electromagnéticas y ruidos. Aunque la evolución tecnológica ha mejorado la seguridad, se considera imprescindible definir criterios de implantación que contemplen la interfaz urbano-forestal y la normativa acústica vigente.

El contexto territorial añade complejidad: el 44% de la superficie asturiana corresponde a espacios naturales protegidos, con limitaciones expresas para transformaciones de uso. Además, la Directiva europea de gestión de riesgos de inundación obliga a excluir zonas con riesgo significativo acreditado. En paralelo, el Principado, junto con el CSIC y la Universidad de Oviedo, desarrolla un inventario de espacios degradados, que ya identifica 224 áreas en el área central, de las cuales 208 superan una hectárea. Estas superficies, próximas a la demanda eléctrica y a infraestructuras de red, se perfilan como emplazamientos idóneos para proyectos BESS.

La suspensión de licencias, explican las autoridades, tiene como objetivo “asegurar la efectividad de un planeamiento futuro”, evitando que la falta de regulación permita usos del suelo que luego obstaculicen la ordenación sectorial. El instrumento normativo deberá equilibrar la declaración de interés público de los BESS reconocida en la normativa europea con la protección ambiental, la calidad de vida ciudadana y el equilibrio territorial.

Con este proceso, Asturias busca armonizar los compromisos nacionales en transición energética con la preservación de su medio rural y natural. La futura normativa establecerá los criterios definitivos de implantación, abriendo además un espacio de participación pública que permitirá a los agentes sociales y empresariales presentar aportaciones al diseño del marco regulador.