El apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin suministro eléctrico a más de 56 millones de personas en la Península Ibérica durante casi seis horas, generando pérdidas económicas superiores a los 1.600 millones de euros según estimaciones del sector.

El sistema, que venía mostrando signos de saturación y exceso de generación renovable no gestionable en horas de alta producción solar, quedó además expuesto como vulnerable ante la falta de inercia eléctrica, con dificultades para mantener frecuencia estable y mecanismos de recuperación rápida tras una desconexión masiva.

La falta de consensos para implementar medidas estructurales ha paralizado decisiones clave y se percibe una mayor incertidumbre para las inversiones en adelante.

Sin embargo, tanto el Ejecutivo español como el portugués han mostrado un enfoque reforzado sobre las renovables: Lisboa reforzando su red y almacenamiento para gestionar excedentes y garantizar firmeza, y Madrid intentando rescatar aspectos del RDL 7/2025 para no perder el impulso de las energías limpias alcanzado, que ya representa más del 57 % de la generación anual.

Tres meses después del evento, los gobiernos ibéricos han adoptado estrategias divergentes frente a la urgencia de reforzar sus sistemas eléctricos.

Portugal: autonomía, almacenamiento e interconexiones

Consciente de su dependencia estructural del sistema español, el Gobierno portugués presentó, el 28 de julio, un paquete de 31 medidas antiapagón valorado en 400 millones de euros, enfocado en tres pilares: resiliencia de infraestructuras críticas, transición energética, y colaboración internacional.

La ministra de Medioambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, precisó: “El reajuste del sistema eléctrico nacional y de la capacidad de respuesta de las infraestructuras críticas, el compromiso con la transición energética y la descarbonización y la colaboración internacional para la interconexión del mercado”.

La funcionaria indicó que se duplicará la capacidad de arranque autónomo (black start), se desarrollará un Plan Nacional de Almacenamiento de Energía y se establecerá un mapa verde de zonas prioritarias para renovables.

“Vamos a crear un mapa verde de zonas de perfeccionamiento para la producción de energía renovable, que están siendo identificadas”, subrayó.

Asimismo, añadió que este instrumento “es un factor de seguridad para cualquier inversor porque se sabrá que esa área tiene un escudo ambiental estratégico y, por tanto, las autorizaciones serán más simples”.

El plan portugués también contempla una subasta para almacenamiento en baterías antes de 2026, una plataforma de monitoreo en tiempo real del sistema eléctrico y medidas para reforzar interconexiones con España y explorar nuevas con Marruecos.

España: el RDL que no fue

En contraste, el Gobierno de España presentó el Real Decreto-Ley 7/2025 como respuesta inmediata a la crisis eléctrica, incluyendo medidas para fortalecer la supervisión del sistema, rebajar peajes a la industria electrointensiva, fomentar el autoconsumo compartido y agilizar la conexión de nuevas instalaciones renovables.

Pero el texto fue rechazado en el Congreso de los Diputados, revelando una grieta política transversal que alcanzó incluso a socios del oficialismo, que justificaron su rechazo en desacuerdos sobre las formas y contenidos del texto.

El presidente Pedro Sánchez declaró: “La industria española debe saber que siempre va a contar con el compromiso del Gobierno”, y adelantó que algunas medidas del decreto podrían ser aprobadas mediante reales decretos sin pasar por el Congreso.

Aunque en su intervención del 28 de julio no hizo referencias directas a las energías renovables, su discurso se alineó con los principios de la transición ecológica, asegurando que las reformas energéticas seguirán siendo prioritarias.

En intervenciones previas, Sánchez ha defendido abiertamente el papel de las energías limpias en la seguridad del sistema y ha negado que estas fueran responsables del apagón de abril.

No obstante, el rechazo ha generado un clima de incertidumbre regulatoria y parálisis legislativa que impacta directamente en la inversión y la confianza sectorial.

Consecuencias técnicas y económicas del rechazo

Diversas entidades del sector renovable lamentaron la caída del decreto. Desde Fundación Renovables alertaron: “El Real Decreto incluía medidas imprescindibles para avanzar hacia una transición energética justa y distribuida”. La Asociación Empresarial Eólica calificó la no convalidación como “un error” que “condiciona seriamente el desarrollo de las energías renovables”. Por su parte, APPA Renovables advirtió del riesgo de colapso en el sistema por falta de adecuación de los hitos administrativos.

La norma contenía disposiciones técnicas clave, como la declaración de utilidad pública para el almacenamiento, la creación del gestor de autoconsumo, la retribución por control de tensión, y medidas para repotenciación eólica sin duplicar trámites ambientales.

Expertos del sector energético coinciden en diálogo con Strategic Energy Europe que el rechazo del RDL 7/2025 dejó al descubierto vacíos críticos en la política energética española.

La falta de consenso truncó avances esenciales como el control de tensión y la integración activa de renovables para la estabilidad de red.

También se remarca el desfase entre el bajo nivel de electrificación —actualmente del 22 %— y la lentitud en la modernización de la red eléctrica, en contraste con los objetivos del plan 2025-2030.

Se subraya además la pérdida de impulso del autoconsumo compartido en entornos urbanos, una herramienta clave en un país donde más del 70 % de la población vive en edificios residenciales.

Almacenamiento energético: una oportunidad truncada

Uno de los sectores más golpeados por la no aprobación del RDL es el del almacenamiento energético.

Se estima que la caída del decreto pone en riesgo más de 2.000 millones de euros en inversiones y bloquea entre 3 y 5 GW de capacidad prevista hasta 2030.

Distintos especialistas coinciden en que las medidas estructurales para el almacenamiento energético deben aplicarse con urgencia. Como alternativa, se propone crear subastas plurianuales para mercados complementarios como la provisión de inercia, el arranque autónomo (blackstart) y la regulación rápida.

También se sugiere dividir los contenidos del RDL en iniciativas legislativas específicas que permitan sortear las trabas políticas que enfrenta su aprobación en bloque.

Redes eléctricas bajo lupa: REE y REN enfrentan críticas por falta de inversión y protocolos insuficientes

En España, Red Eléctrica de España (REE) ha sido señalada por expertos y empresas del sector por haber planificado de forma insuficiente la gestión de tensión eléctrica en horas críticas, lo que contribuyó a desencadenar una cascada de desconexiones.

Investigaciones oficiales indican que REE desplegó las medidas de control de tensión más débiles registradas en 2025, dejando al sistema sin capacidad de absorción ante sobrevoltajes repentinos.

También se le reprochó la falta de sistemas de respaldo sincronizados y la ausencia de estrategias operativas para incorporar control de tensión desde inversores renovables o almacenamiento integrado .

En Portugal, REN enfrentó cuestionamientos aunque sus equipos lograron restablecer el suministro al 99 % de la demanda en menos de 12 horas, demostrando eficacia operativa en la gestión del evento.

No obstante, también quedó en evidencia la necesidad de reforzar la infraestructura, ya que el operador reconoció que no contempló completamente cómo gestionar las fluctuaciones sinérgicas en líneas de alto voltaje. }

REN avanzó desde entonces en un plan de instalación de dispositivos shunt y regulación de tensión, y triplicó su objetivo de almacenamiento en baterías hasta 750 MW para 2026, con el propósito de estabilizar la red ante la creciente penetración renovable

Futuro visible: incertidumbre en España, aceleración en Portugal

Mientras Portugal avanza hacia un sistema robusto con renovables, almacenamiento y cooperación internacional, España permanece atrapada en la parálisis política.

Con un 2024 que cerró con 57 % de generación renovable, el país queda sin una hoja de ruta clara para sostener y ampliar ese logro.

Desde diversos sectores se insiste en que el RDL 7/2025 debe ser reintroducido, ya sea vía proposición de ley o segmentado en decretos técnicos. De lo contrario, el riesgo de un nuevo apagón sigue latente y la competitividad energética podría erosionarse aún más.