Durante su participación como moderador del Panel 5 “Almacenamiento y gestión de activos: vectores de impulso de la seguridad energética” en FES Iberia 2025, Chema Zabala, Managing Director en Alantra Energy Transition, trazó un diagnóstico contundente sobre el estado actual del almacenamiento energético en España. Para el directivo, no se trata de una tecnología emergente, sino de una solución madura, con un pipeline de más de 25 GW de proyectos con acceso y conexión. Sin embargo, esa capacidad aún no se ha materializado en operaciones concretas debido a la lentitud estructural del sistema regulatorio y administrativo.

“El almacenamiento no es algo que aparezca de hoy; llevamos desde hace más de cinco años en lo que el almacenamiento es una tecnología que se puede empezar a desarrollar”, manifiesta Zabala, quien aclara que el retraso actual no responde a una falta de apetito inversor, sino a que los plazos naturales de desarrollo de proyectos en España —entre cuatro y cinco años— aún no se han cumplido. De acuerdo a su proyección, los primeros proyectos se conectarán en 2026, lo que marca el inicio de un ciclo que ya lleva años en preparación.

Más allá de los tiempos técnicos, Zabala puso énfasis en el costo económico que representa para el sistema eléctrico español no contar aún con almacenamiento operativo. “La integración de renovables en España está costando en términos de servicios de balance en el 2024 1,5 billones de euros, restricciones técnicas por encima de 2,5 el año pasado. Este año seguro que nos vamos a llegar a los 5 billones”, alerta el ejecutivo.

Esta situación refleja un escenario donde el aumento en la penetración de energías renovables ha comenzado a generar ineficiencias operativas, especialmente en momentos de exceso de producción, cuando la red no logra absorber ni almacenar los excedentes. Para Zabala, esa incapacidad técnica no solo implica un desperdicio energético, sino también un sobrecosto creciente y evitable.

Un mercado con oportunidades limitadas

Otro punto central de su intervención fue la existencia de lo que define como un “desprezo estructural”. Este fenómeno, consistente en la diferencia de hasta 90 €/MWh entre el precio más caro y más barato en el mercado diario, abre una oportunidad para tecnologías como el almacenamiento. Según Zabala, “esto permite un desarrollo de almacenamiento generalizado, al menos hasta cierta capacidad”.

Sin embargo, advierte que esta ventana de rentabilidad no será permanente. “La duda de todo este desarrollo… es si este mercado existe para todos”, sostiene. A medida que aumente la cantidad de operadores con capacidad de almacenamiento, los ingresos por arbitraje o servicios de ajuste podrían sufrir una fuerte canibalización, como ya ha ocurrido en el caso de la fotovoltaica.

Zabala fue enfático en señalar que la falta de certezas regulatorias es hoy la principal barrera para escalar el almacenamiento. Durante el panel, subrayó la expectativa en torno al Real Decreto Ley que se anunciaría “mañana” y que, en su visión, podría marcar un antes y un después para el desarrollo del sector. “Estamos a la espera del real decreto ley que se aprobará mañana”, expresó.

Este marco normativo no solo es clave para reducir la incertidumbre legal, sino también para mejorar la bancabilidad de los proyectos, condición indispensable para que entren grandes fondos financieros e institucionales. Para Zabala, la consolidación del almacenamiento requiere más que señales de mercado: necesita políticas públicas claras y estables.

Además, criticó el funcionamiento actual de los servicios de balance, que considera saturados. “La renovable ha canibalizado ya las señales de precios en la banda secundaria y los patrones. Se ven muy apropiados ahora para otra tecnología que es el almacenamiento”, afirma. A su juicio, la falta de capacidad flexible está siendo compensada con medidas de emergencia que no son sostenibles en el tiempo.

Una oportunidad que España no puede desaprovechar

La intervención de Zabala dejó en claro que el almacenamiento energético no es una apuesta, sino una necesidad sistémica para asegurar la transición energética. Mientras el sistema acumula costes crecientes por restricciones técnicas y servicios de balance, el pipeline de proyectos continúa paralizado por falta de definiciones políticas.

En paralelo, el clima institucional se volvió aún más incierto con la derogación del Real Decreto Ley 7/2025, como analizó Strategic Energy, lo que genera nuevas dudas sobre la consistencia y previsibilidad del marco regulatorio español. Para Zabala, el momento es crítico: “Hay un mercado potencial muy interesante para los primeros proyectos que se conecten”, afirma.

Pero esa ventana no estará abierta por mucho tiempo. España tiene hoy la tecnología, los inversores y la urgencia. Solo falta que las reglas acompañen el impulso.

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