La no convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 por parte del Congreso de los Diputados ha supuesto un freno abrupto a reformas largamente reclamadas por el sector del almacenamiento energético.

Entre las medidas que contenía el documento se destacan:

• La declaración de utilidad pública del almacenamiento.
• La exención de evaluación ambiental para proyectos de hibridación.
• La prioridad de redespacho para instalaciones con almacenamiento.
• La introducción de la figura del agregador de demanda.
• La actualización del sistema de hitos del RD-Ley 23/2020.
• La definición regulatoria de la potencia instalada en instalaciones con almacenamiento.
• Mecanismos de acceso flexible a la red.
• Concursos específicos de capacidad destinados a esta tecnología.

Desde ASEALEN, su director Raúl García Posada señala que entre los aspectos que considera prioritarios figuran las modificaciones a los Reales Decretos 413/2014, 1183/2020 y 244/2019, en materia de prioridad de despacho, condiciones de acceso y conexión, autoconsumo con almacenamiento y definición de potencia instalada.

Para el directivo, estas medidas “deben ser de muy rápida implantación”, afirma en diálogo con Strategic Energy Europe.

AEPIBAL, por su parte, advierte en un comunicado que “tirar este RDL a la basura es parar el juego a mitad de partido”.

Desde la asociación calculan que la caída del decreto pone en riesgo más de 2.000 millones de euros en inversiones, incluyendo 700 millones en ayudas públicas del PERTE y fondos FEDER, que estaban destinados a activar los primeros 3 a 5 GW de almacenamiento hasta 2030.

Además, señalan que fabricantes europeos y nacionales han presentado ofertas por más de 30 GW en convocatorias recientes, lo que refleja el potencial estratégico del sector.

En esa misma línea, el especialista Andrés Pinilla Antón destaca a este medio que el RDL 7/2025 había logrado “introducir de forma directa al almacenamiento en la estrategia energética nacional”.

Subraya que “la declaración de utilidad pública, la exención ambiental en hibridaciones, y la figura del agregador de demanda son medidas que deberían reactivarse de forma urgente”.

En su opinión, una vía posible sería trocear el texto en distintas iniciativas legislativas específicas para evitar nuevas trabas políticas.

Desde el ámbito empresarial, Mikel Pino, Head of Energy Storage Europe en Exus Management Partners, reconoce que “aunque mejorable, el RDL 7/2025 ofrecía certezas regulatorias para ingresos por servicios de voltaje, mercados de capacidad firme y simplificación de trámites”.

Añade que “faltó establecer objetivos concretos en MW y un calendario cierto, pero se había avanzado”.

Como alternativa, propone crear subastas plurianuales para nuevos mercados complementarios como inercia, blackstart o regulación rápida, que activen financiación privada.

La visión compartida por los distintos actores apunta a rearmar un marco legislativo específico para el almacenamiento, bien mediante una proposición de ley o por la vía del consenso parlamentario.

“Estamos a medio metro de ser un país excepcional en su modelo energético y no estamos dispuestos a morir en la orilla”, concluyen desde AEPIBAL. Mientras tanto, el sector reagrupa sus fuerzas y llama a rescatar los elementos esenciales del RDL que quedaron en el limbo.