La sesión de control al Gobierno celebrada el 17 de septiembre en el Congreso de los Diputados puso a la planificación de la red eléctrica en el centro del debate sobre la transición energética.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió la nueva Planificación de la Red de Transporte 2025-2030, que contempla 13.590 millones de euros de inversión –un 65% más que el plan vigente– para fortalecer la infraestructura y garantizar el suministro eléctrico en un contexto de electrificación acelerada. “Esta planificación es el pilar para cumplir los objetivos de descarbonización; necesitamos que sea una herramienta viva y flexible”, destacó.

Durante la sesión, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) valoró positivamente el aumento de inversiones y la visión de largo plazo, pero advirtió que los proyectos no se materializarán hasta 2027 si no se adoptan medidas transitorias. La diputada Idoia Sagastizabal pidió mayor flexibilidad en la planificación y la utilización de capacidad ociosa de la red, señalando que la normativa actual impide aprovechar conexiones ya instaladas.

Aagesen coincidió en la necesidad de optimizar la infraestructura existente y ofreció “mano tendida” a las comunidades autónomas y a todos los grupos parlamentarios para tramitar la planificación como un proyecto legislativo. También recordó que el Ejecutivo intentó aprobar un decreto-ley “antiapagones”, rechazado meses atrás por el Congreso, que incluía medidas para maximizar el uso de la red. La ministra aseguró que esas propuestas serán reintroducidas en la tramitación legislativa.

Por su parte, subrayó que el plan irá acompañado de un marco regulatorio atractivo para las inversiones, complementado con aportes de fondos europeos. El objetivo es garantizar que los operadores de red y empresas eléctricas tengan condiciones estables y rentables para ejecutar el plan en plazo.

Esta visión es clave para que la red pueda absorber el crecimiento previsto de generación renovable, electrificación industrial y nuevas cargas como la movilidad eléctrica. Según el PNIEC, las renovables deberán cubrir cerca del 81% de la generación eléctrica en 2030, lo que exige acelerar los refuerzos de red.

Debate sobre resiliencia y transición

El Grupo Popular utilizó su intervención para cuestionar la ejecución presupuestaria del Ministerio y denunciar carencias en la España rural. Aagesen replicó con un balance de las políticas implementadas: la Ley de Cambio Climático, el PNIEC 2021-2030, las hojas de ruta de hidrógeno y almacenamiento, y la movilización de más de 13.000 millones de euros en proyectos de descarbonización.

Reiteró su propuesta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, llamando a la oposición a cooperar en lugar de bloquear reformas estructurales.

El refuerzo de la planificación eléctrica representa una señal de estabilidad para los inversores y promotores de proyectos renovables, en un momento en que el crecimiento de la capacidad instalada exige agilizar la conexión de nueva generación y mejorar la resiliencia del sistema.

Las menciones explícitas a flexibilizar el uso de la red y acelerar la tramitación son vistas como pasos necesarios para evitar cuellos de botella que frenen el despliegue de renovables. Si la planificación no se ejecuta en tiempo y forma, podrían generarse retrasos en proyectos estratégicos y mayores costes de integración.

Para el sector privado, la clave estará en la concreción del marco retributivo y en la capacidad del Gobierno de articular consensos que den seguridad jurídica a las inversiones. La combinación de planificación ambiciosa, incentivos financieros y diálogo territorial será determinante para alcanzar los objetivos del PNIEC y avanzar hacia un sistema eléctrico descarbonizado en 2030.