España está frente a una decisión regulatoria clave. El Gobierno ha elevado en un 60% los límites de inversión en redes para los próximos años, alineando política económica y transición energética. Pero el sector advierte una “inconsistencia fundamental” con la metodología de retribución a distribuidoras planteada por la CNMC, que podría impedir la ejecución real de esas inversiones.
En diálogo con Strategic Energy Europe, Alejandro Labanda, vocero de la Alianza España Verde y Conectada, sostiene que la contraposición entre los dos marcos regulatorios amenaza la competitividad del país: “El Ministerio permite una mayor inversión total, pero la CNMC reconoce un coste unitario demasiado bajo para nuevas conexiones. Así, las infraestructuras que más se necesitan no se van a hacer”.
Mientras los costes reales para ampliar la red —nuevas subestaciones, líneas en zonas saturadas— rondan los 350 €/kW, la propuesta de la Comisión fija un máximo cercano a 230 €/kW. Según el experto, ese límite desincentivará refuerzos precisamente donde no hay capacidad, dejando sin conexión nuevos consumos estratégicos.
Actualmente, 42 GW de proyectos con permiso de acceso podrían conectarse a corto plazo si contaran con capacidad de red disponible. Otros 66 GW solicitaron acceso en 2024, pero solo 6 GW obtuvieron autorización. Para la Alianza, esta foto revela dos cuellos de botella: uno administrativo y otro físico, directamente vinculado al retraso en el despliegue de infraestructuras eléctricas.
La industria también teme que la reducción del 37% en los costes reconocidos para mantenimiento provoque un deterioro en la calidad del suministro, aumentando riesgos de fallos en un sistema cada vez más exigido.
Labanda advierte que el impacto trasciende el ámbito energético: afecta a la atracción de inversiones industriales, al despliegue de vivienda en momentos de fuerte tensión de precios y a proyectos de movilidad pesada eléctrica, logística y centros de datos. La ventana de oportunidad, destaca, “no va a estar abierta para siempre”. Asimismo, alerta: “Las grandes decisiones industriales se toman ahora. Si España no tiene red disponible, esos proyectos se irán a otros países”.
El nuevo marco regulatorio debe entrar en vigor el 1 de enero de 2026 y regirá durante seis años. La CNMC tiene previsto aprobar la propuesta definitiva en los próximos días. Para la Alianza, este es un momento que exige alineamiento institucional: “El desafío ya no es tecnológico, sino regulatorio”.
El sistema eléctrico se enfrenta a una doble tensión: por un lado, la demanda industrial emergente (movilidad eléctrica, hidrógeno, centros de datos); por otro, una infraestructura de transporte y distribución ya al límite, donde más del 83 % de los nodos presentan saturación o alto riesgo de congestión. La expansión de las redes eléctricas definirá si España consolida un modelo industrial renovable, con empleo y valor añadido, o si la transición energética avanza sin capacidad para conectar a quienes la hacen posible.
