La reducción de emisiones de metano se ha convertido en un eje en el debate climático en España. Las organizaciones ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Fundación Renovables y Mighty Earth presentaron al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un paquete de medidas para incluir en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

El metano, que supone el 18,62 % de las emisiones netas totales del país en 2023, es el segundo gas de efecto invernadero más relevante tras el CO2.

En diálogo con Strategic Energy Europe, Ismael Morales, Responsable de Políticas Climáticas en Fundación Renovables, sostiene: “Un objetivo de reducción de metano es montar el argumento del gas como puente de transición ya que cuantificaría, penalizaría las emisiones de metano que tienen un potencial mayor que el CO2, 84 veces en 20 años, entonces el coste ambiental real del gas aumenta, esto mejoraría la competitividad respecto a otras fuentes renovables”.

El experto advierte que este cambio regulatorio obligaría a la industria a revisar toda su cadena de valor. “Los fabricantes deberán realizar un análisis del ciclo de vida más estricto de sus componentes para cuantificar y reducir la huella de metano asociada a los procesos de fabricación y en este caso la transparencia debería ser un diferenciador clave”, explica Morales.

Además, los desarrolladores y operadores energéticos tendrían que priorizar proveedores con bajas emisiones y reportes fiables, lo que consolidaría a las renovables como la alternativa más competitiva frente al gas.

Actualmente, el sector agropecuario genera el 62,39 % de las emisiones de metano, seguido por los residuos (31,65 %) y la energía (5,2 %). Sin embargo, el PNIEC 2023-2030 “pasa de puntillas” sobre esta problemática, según denuncian las organizaciones ecologistas, sin plantear objetivos específicos de reducción ni por sectores. Tampoco incorpora el Compromiso Mundial sobre el Metano, firmado en la COP26, que obliga a recortar un 30 % de emisiones al 2030 respecto a 2020.

Para Morales, la ausencia de un plan nacional no solo retrasa la descarbonización, sino que limita oportunidades estratégicas para el sector renovable.

“Las empresas renovables pueden diversificar sus carteras de activos invirtiendo en plantas de biogás que obtuvieran el metano de vertederos, de la ganadería y de depuradoras. Ese biometano puede inyectarse en la red gasista o utilizarse como combustible para descarbonizar sectores como la aviación o el marítimo”, señala.

En este sentido, experiencias internacionales muestran un camino posible. Dinamarca ha creado un sistema en el que el biometano, procedente de residuos agrícolas, se inyecta masivamente en la red gasista, mientras Alemania aplica tarifas reguladas para fomentar el biogás.

“Son ejemplos de cómo convertir un problema ambiental en una oportunidad de competitividad y suministro energético estable”, puntualiza Morales.

El IPCC insiste en que es necesario reducir las emisiones de metano en un 45 % al 2030 para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Morales concluye: “Lo que pedimos es un plan nacional de emisiones de metano que abarque todos los sectores. Los objetivos de control, seguimiento y aplicación de tecnologías del sector energético también deben empezar a aplicarse en agroganadería y residuos”.