La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma que la normativa española y gallega de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no contradice la Directiva europea y que no es obligatorio abrir un nuevo periodo de alegaciones tras incorporar informes sectoriales, siempre que la ciudadanía haya participado de forma temprana y significativa.

El fallo elimina una de las principales trabas jurídicas que mantenían paralizados 92 parques eólicos en Galicia, con una potencia acumulada superior a 2.500 MW y una inversión estimada de 3.000 millones de euros.

“En Galicia la administración ha hecho las cosas bien. Esto allana el camino a los proyectos de renovables, pero no de forma automática, habrá que esperar a que haya sentencia en cada uno de los procedimientos pendientes de resolver”, manifiesta Carmen Callao Buatas, abogada especializada en medio ambiente, energía y residuos.

En diálogo con Strategic Energy Europe, la letrada explica que la cuestión prejudicial planteada por el TSXG queda zanjada, evitando que se presenten nuevos recursos con ese argumento.

El impacto económico y energético es relevante. Según estimaciones de la Xunta, la reactivación de estos proyectos podría generar hasta 20.000 empleos directos e indirectos y contribuir de forma decisiva a que España alcance los 62 GW eólicos fijados en el PNIEC 2023-2030.

Actualmente, el país cuenta con 32.610 MW instalados, por lo que deberá prácticamente duplicar su capacidad en los próximos cinco años, añadiendo 4,9 GW anuales desde 2025.

Para Fernando Blanco Silva, ingeniero y colaborador del Instituto Iberoamericano de Ingenieros de la Energía, “se desbloquean los permisos administrativos para construir unos 1.700 MW en Galicia, pero eso no significa que se vayan a construir ya, porque algunos proyectos no son viables y otros precisan de más trámites, por ejemplo las líneas de evacuación”.

El especialista advierte que la casuística es variada y que en algunos casos los parques ya cuentan con aprobación, pero las infraestructuras asociadas aún están pendientes de luz verde administrativa.

Desde el sector privado, Luis Caamaño Martínez, Managing Director Europe en ECOENER, sostiene que “es una resolución muy importante y va a desbloquear muchos proyectos en Galicia que estaban recurridos en su autorización”.

Añade que, aunque el desbloqueo no es automático, “permitirá que los jueces emitan la sentencia mucho más rápido; para el sector eólico es un respaldo total así como a las tesis defendidas también por el gobierno de la Xunta de Galicia”.

El fallo, celebrado por la Asociación Empresarial Eólica como un “paso clave para recuperar la seguridad jurídica”, también envía un mensaje a inversores y financiadores: Galicia vuelve a ser un terreno más previsible para el despliegue eólico.

Sin embargo, promotores deberán mantener una gestión minuciosa de expedientes, anticipar necesidades de evacuación y reforzar el diálogo social, dado que organizaciones como Petón do Lobo y Adega alertan sobre la persistencia de retos como la fragmentación de proyectos y la falta de evaluación acumulada de impactos.

La experiencia gallega también aporta lecciones extrapolables a otras comunidades. Evitar la judicialización masiva pasa por procesos de información pública sólidos desde el inicio, diseños que minimicen impactos acumulativos y coordinación temprana con administraciones y comunidades locales.

La sentencia del TJUE no solo reabre proyectos en Galicia, sino que marca un precedente para todo el país en un momento en que la aceleración renovable es imprescindible para sumar cumplir metas climáticas y asegurar la competitividad industrial.