Los desarrolladores de energías renovables han presentado en lo que va de 2025 una cartera de 5.141 MW en proyectos solares de gran escala a tramitación ambiental en distintas comunidades autónomas, consolidando la expansión del sector fotovoltaico en el país.

Según el relevamiento de datos públicos, Castilla-La Mancha concentra la mayor potencia en tramitación, con más de 1.924 MW distribuidos en distintos proyectos. Le siguen Andalucía con 1.088 MW, Castilla y León con 1.040 MW, y Extremadura, tradicional polo solar, con 533 MW.

Entre los proyectos de mayor envergadura, destaca la planta REINA, impulsada por Zelestra, con 887 MW, ubicada en Castilla-La Mancha. También figuran MAGERIT FV3 (268,95 MW), de Harbour Sevilla Manchuela, y Piedrahita de Castro (262,9 MW), promovido por UKA Iberia.

En cuanto a los principales promotores por potencia total tramitada, Zelestra encabeza la lista con los 887 MW del proyecto REINA, seguido por RPC CPP Investments (685 MW), Naturgy (420 MW), UKA Iberia (415 MW) y Jinko (389 MW). Entre ellos, suman el 54% del total de MW tramitados en los primeros siete meses del año. 

Este dinamismo refleja no solo el apetito inversor del sector, sino también la carrera por posicionarse en un mercado que busca cumplir los objetivos de descarbonización y despliegue renovable en el marco del PNIEC 2023-2030.

Para alcanzar esta meta se necesita incorporar 21.368 MW solares adicionales hacia finales de década. Esto implica instalar unos 3.561 MW anuales durante los próximos seis años.

Actualmente, el país cuenta con 35.632 MW solares en operación, y en los primeros siete meses de 2025 se han puesto en marcha 3.029 MW, lo que marca un ritmo alentador pero aún desafiante.

Aunque el sector prevé una ralentización a partir de 2027, persiste el optimismo respecto a alcanzar los 76 GW de capacidad solar total para 2030, cifra que incluye 19 GW provenientes del autoconsumo. 

Por último, cabe destacar que en los últimos 12 meses se han presentado a tramitación proyectos por más de 33 GW solares, teniendo en cuenta los de pequeña escala a cargo de las administraciones autonómicas.