La sentencia publicada el pasado viernes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) marca un antes y un después para el desarrollo eólico en Galicia. 

En respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el tribunal europeo concluyó que la normativa comunitaria no obliga a abrir un nuevo período de alegaciones tras la incorporación de los informes sectoriales durante el proceso de evaluación ambiental.

“No se deduce del Derecho de la UE que la ciudadanía tenga derecho a formular observaciones sobre esos informes una vez publicados. Lo esencial es que pueda participar en una fase temprana y significativa”, dictaminó el TJUE en su resolución.

La decisión era esperada por todo el sector, ya que responde a una de las principales controversias jurídicas que han paralizado el avance de más de 70 parques eólicos en Galicia, cuya potencia conjunta supera los 2.500 MW. Según datos del Gobierno gallego, 97 proyectos se encuentran actualmente judicializados.

Desde el sector empresarial, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebró el fallo como un “paso clave para recuperar la seguridad jurídica y avanzar hacia la transición energética”. 

La organización recordó que Galicia se había convertido en una de las comunidades más afectadas por la judicialización masiva de expedientes, con impactos directos en la cadena de valor, el empleo y el cumplimiento de objetivos climáticos.

La Xunta, por su parte, manifestó que la sentencia del TJUE refuerza el modelo administrativo vigente y acelera los tiempos para que el TSXG resuelva los recursos pendientes. 

“Este fallo nos da la razón y permite destrabar proyectos fundamentales para el desarrollo económico e industrial de Galicia”, señalaron fuentes del gobierno autonómico.

No obstante, las organizaciones ecologistas y parte de la oposición política expresaron su malestar con el dictamen. Grupos como Petón do Lobo y Adega advirtieron que el fallo no aborda otros elementos de fondo de los recursos judiciales, como la fragmentación de proyectos o la falta de evaluación acumulada de impactos. 

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) insistió en que el modelo eólico gallego sigue sin garantizar una verdadera consulta ciudadana ni beneficios territoriales claros.

La urgencia del desbloqueo

Más allá del debate político, el pronunciamiento del TJUE ofrece claridad jurídica y otorga mayor previsibilidad a promotores e inversores. De concretarse la reactivación de los expedientes paralizados, se podrían movilizar más de 3.000 millones de euros en inversiones privadas y generar hasta 20.000 empleos, según estimaciones compartidas por medios regionales.

Este impulso no podría llegar en mejor momento. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, España debe alcanzar 62 GW de potencia eólica instalada para 2030, lo que implica añadir alrededor de 4,9  GW anuales a partir de 2025. 

Actualmente, el país cuenta con 32.610 MW eólicos, por lo que debe prácticamente duplicar su capacidad en solo cinco años. Hasta julio de 2025 sólo se han conectado unos 1.803 MW nuevos, muy por debajo del ritmo necesario.

En este contexto, la paralización de proyectos por vías judiciales representa una barrera crítica, tanto para alcanzar los compromisos climáticos como para sostener la competitividad industrial del país. Galicia, como una de las regiones con mayor recurso eólico, juega un papel central en esa hoja de ruta.

Desde el sector, se espera que esta resolución sirva como precedente para otras regiones en contextos similares y que contribuya a agilizar la tramitación de proyectos clave en un momento donde el cumplimiento de los objetivos del PNIEC exige una aceleración realista pero firme del despliegue renovable.