Este lunes 22 de julio, el Congreso de los Diputados votará la convalidación del Real Decreto-ley 7/2025, conocido como decreto antiapagones, una norma clave impulsada por el Gobierno para reforzar la seguridad del sistema eléctrico tras el apagón ocurrido el pasado 28 de abril.
El texto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 24 de junio, incluye medidas para la activación del almacenamiento con baterías, la agilización administrativa de proyectos renovables, una aceleración de autorizaciones y permisos, además de un nuevo marco de subvenciones para la industria electrointensiva. El decreto también contempla concesiones autonómicas a Cataluña y País Vasco.
El resultado de la votación es incierto. De acuerdo con el procedimiento parlamentario, el Congreso debe convalidar el decreto por mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, sin contar las abstenciones.
Para garantizar la aprobación, el Gobierno necesita alcanzar al menos 176 votos afirmativos, aunque si se registran abstenciones, la mayoría simple puede lograrse con un número menor, siempre que los votos a favor superen a los votos en contra entre los diputados presentes.
El bloque conformado por PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria ha confirmado su apoyo, tras recibir compromisos y concesiones en el texto. Este grupo sumaría entre 170 y 175 votos a favor.
El Partido Popular (PP) mantiene una postura oficial de rechazo, aunque enfrenta presiones internas desde sectores vinculados al sector eléctrico e industrial para cambiar su voto o abstenerse. Hasta el momento, la dirección liderada por Alberto Núñez Feijóo no ha confirmado una posición definitiva pero se ha dado a conocer de que será unánime.
Podemos ha señalado que no apoyará el decreto, al considerar que no fue negociado con su grupo y que carece de reformas estructurales relevantes. El pasado jueves en La Coruña, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, declaró que “es un decreto que no sirve para prevenir futuros apagones” y que “no toca al oligopolio energético”.
Afirmó además que el texto “tampoco establece sistemas de compensación para evitar caídas de tensión como las que provocó el apagón”. La formación morada ha manifestado su crítica por la ausencia de medidas más ambiciosas en transición energética y no ha definido aún si votará en contra o se abstendrá.
Vox previsiblemente votará en contra, alineado con su postura habitual contraria a la regulación del mercado energético y la transición ecológica.
En total, si el PP, Podemos y Vox confluyen en el rechazo, la norma podría fracasar. Sin embargo, una abstención parcial o el apoyo de algunos diputados populares podría permitir su aprobación por un margen estrecho.
Las principales asociaciones del sector eléctrico y renovable, como AEE, APPA, UNEF, Aelec y AEGE, han emitido un comunicado conjunto donde alertan que el rechazo del decreto tendrá “graves consecuencias para la seguridad del suministro y la atracción de inversiones“. Además, consideran que su aprobación es crucial para mantener la competitividad industrial y la estabilidad regulatoria.
Santiago Gómez Ramos, presidente de UNEF, afirma: “Este decreto es clave para que España pueda consolidar su liderazgo en energías renovables y evitar escenarios como el del pasado abril”.
Desde AEE sostienen que su aprobación permitirá desbloquear proyectos parados desde hace más de un año y medio. Por su parte, APPA Renovables considera que “el decreto contiene avances normativos largamente demandados por el sector para agilizar la puesta en marcha de iniciativas estratégicas”.
Marina Serrano, presidenta de Aelec, sostiene: “El PP tiene la oportunidad de demostrar que prioriza la seguridad energética del país por encima de los intereses partidistas”.
En paralelo, la Fundación Renovables ha expresado su respaldo al decreto, destacando que “es una herramienta imprescindible para reforzar el sistema eléctrico, acelerar la transición energética y reducir la vulnerabilidad del modelo actual”.
En la antesala de la votación, el Ejecutivo junto con las asociaciones intensifican contactos para asegurar los apoyos necesarios, pero el desenlace dependerá de cómo se alineen finalmente las fuerzas parlamentarias, en una decisión que podría definir el rumbo de la transición energética en España.
