La Región de Murcia aprobó el pasado junio su cuarta ley de simplificación administrativa, un cambio normativo diseñado para acelerar el desarrollo energético y descarbonizar su industria. La regulación busca eliminar obstáculos burocráticos en el despliegue de renovables y redes eléctricas, y permite por primera vez la instalación de almacenamiento energético en suelo rústico. Este avance regulatorio es clave en un territorio que ya tiene casi 2 GW de fotovoltaica instalados y tramita más de 4 GW adicionales.
“Hasta ahora obligábamos a pasar una doble autorización que ralentizaba mucho el despliegue de redes, especialmente en un momento crítico para el desarrollo industrial”, explicó Federico Miralles Pérez, Director General de Industria, Energía y Minas de Murcia, durante el panel de comunidades autónomas en FES Iberia 2025.
Con la nueva ley, las redes de distribución eléctrica con declaración de utilidad pública pasarán a tener carácter supramunicipal. Esto implica que los promotores ya no necesitarán una licencia municipal adicional, agilizando los plazos de desarrollo.
El cambio legislativo también introduce una medida estructural para el despliegue del almacenamiento energético. A partir de ahora, las baterías podrán instalarse en suelo rústico, como ocurre con las plantas solares, al considerarse una infraestructura energética reconocida. “Esto es fundamental porque nos permite avanzar en el almacenamiento, que hasta ahora estaba limitado por la normativa urbanística”, detalló Miralles.
El directivo aseguró que ya se está aplicando una simplificación de trámites ambientales para los proyectos de hibridación con almacenamiento dentro de plantas fotovoltaicas ya evaluadas. “Solo pedimos informes al ayuntamiento y a la Dirección de Emergencias. Queremos agilizar un trámite que no tiene sentido mantener”, enfatizó.
Murcia es una de las regiones con mayor recurso solar de España. Actualmente representa el 6% de la capacidad fotovoltaica nacional, un dato relevante para una comunidad uniprovincial y periférica. “Esto nos coloca en el mapa y muestra la importancia que tenemos para esa industrialización que queremos hacer”, afirmó.
A pesar de los avances regulatorios, el directivo alerta sobre los límites de la infraestructura actual. “No nos están permitiendo descarbonizar todos los sectores que queremos descarbonizar”, advierte en relación a la saturación de las redes eléctricas.
El almacenamiento energético es, según Miralles, la solución clave para desbloquear esta situación. “Mientras no entre el almacenamiento en el sistema, tendremos un sistema con mucha renovable, pero no podremos aprovecharla para nuestra industria”, sostuvo. En este sentido, espera que el nuevo real decreto sobre almacenamiento energético, anunciado por la ministra durante el FES Iberia, recoja las demandas planteadas por las comunidades autónomas. “Llevamos reclamándolo desde hace dos años. Esperamos que recoja todo lo que estamos pidiendo”, afirmó.
Durante el panel de FES los directivos de las comunidades autónomas hicieron un llamado a la unificación normativa en España. “Lo que necesita el sector son unas reglas claras y no 17 reglas diferentes. En eso hay total consenso”, subrayó. Según el directivo, la cooperación entre comunidades autónomas es fluida, pero el retraso en la regulación a nivel nacional complica la gestión de los proyectos. “Tenemos mucha comunicación entre nosotros e intentamos copiar las mejores prácticas para avanzar”, explicó.
Más allá de las dificultades, Miralles destacó la oportunidad que supone esta transformación. “Este avance energético se traduce en una oportunidad industrial única para nuestro país y tenemos que aprovecharla”, concluyó.
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