La reiterada inestabilidad en el suministro eléctrico ha generado un punto crítico en La Palma, cuyo sistema energético se encuentra al borde del colapso estructural. El pasado 10 de junio, la isla experimentó un nuevo “cero energético”, el quinto incidente de gran magnitud en pocas semanas, lo que ha motivado al Cabildo de La Palma a elevar una exigencia formal a las autoridades nacionales y regionales para intervenir de manera urgente.
Mediante una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, solicita que el Estado actúe directamente sobre las empresas energéticas donde posee participación para garantizar el suministro en la isla. A la petición se suma el consejero insular de Energía, Fernando González, quien también reclama que La Palma reciba el mismo nivel de prioridad que otras islas como Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, que ya cuentan con planes de refuerzo energético.
En diálogo con Energía Estratégica España, Rodríguez manifiesta: “La central térmica de Los Guinchos lleva más de 50 años en funcionamiento con equipos que han superado su vida útil, generando fallos en cascada y apagones totales del sistema”.
Los datos respaldan la preocupación. Solo en 2025, la isla ha registrado apagones los días 8, 9 de mayo y 10 de junio, que dejaron sin suministro a más de 50.000 usuarios, interrumpiendo servicios críticos como centros de salud, colegios y comercios. A estos se suman incidentes similares en 2009, 2013, 2018 y 2019, con un mismo patrón: una red de generación y distribución envejecida, sin inversión estructural ni sistemas de respaldo.
En diálogo con Energía Estratégica España, González advierte: “La red de transporte y distribución carece de redundancias y refuerzos, y la penetración de energías renovables no supera el 10%, muy por debajo de los objetivos nacionales y europeos”.
Este deterioro estructural ha impactado de forma directa en la economía insular. La sucesión de apagones ha ocasionado pérdidas empresariales, daños en infraestructura, interrupciones productivas y un declive en sectores estratégicos como el turismo, la agroindustria y los servicios. La situación se agrava por la condición de ultraperiferia de la isla y el efecto acumulado de crisis recientes como la erupción volcánica de 2021 y la pandemia de COVID-19.
Rodríguez sostiene que “la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía están comprometidas, al igual que las condiciones mínimas para un desarrollo económico sostenible”, y denuncia que se están incumpliendo estándares legales en materia de calidad y sostenibilidad del suministro, tanto en el ámbito nacional como en el europeo.
Exclusión de la emergencia energética
En octubre de 2024, el Gobierno de Canarias impulsó una declaración de emergencia energética, medida que excluyó a La Palma pese a su vulnerabilidad. El Cabildo denuncia esta omisión como una muestra más del rezago institucional al que se ve sometida la isla en materia energética.
Otras islas, con situaciones comparables, ya cuentan con medidas de contención o planificación: Lanzarote y Fuerteventura, a pesar de operar con sistemas obsoletos, están interconectadas, lo que permite compartir capacidad de generación; Gran Canaria y Tenerife presentan necesidades de repotenciación, pero no arrastran problemas de generación; La Gomera dispone de una planificación para interconectarse con Tenerife; y El Hierro combina energías fósiles con renovables, logrando así autosuficiencia energética.
En este contexto, La Palma se posiciona como la única isla sin sistemas de apoyo, sin alternativas de generación y fuera del marco de emergencia energética, situación que el Cabildo exige revertir con carácter inmediato.
“No puede ser que La Palma quede excluida de todos los mecanismos de planificación energética, mientras su población y economía siguen siendo las más vulnerables del archipiélago”, concluye González.
