Desde el apagón eléctrico registrado el pasado 28 de abril, el sistema eléctrico español opera bajo un modo de seguridad reforzado implementado por Red Eléctrica para garantizar el control dinámico de tensión, tras detectarse que ciertas centrales no cumplían con los requerimientos técnicos.
Esta nueva configuración ha duplicado la activación de tecnologías de respaldo —principalmente ciclos combinados de gas— y ha supuesto un aumento drástico en los costes de los servicios de ajuste: en mayo alcanzaron los 26,5 €/MWh, un 84 % por encima del mismo mes de 2024.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reaccionó con una resolución que prohibió a las comercializadoras eléctricas trasladar estos sobrecostes a los más de 20 millones de usuarios del mercado libre con contratos a precio fijo, alegando que los servicios de ajuste no son un “componente regulado” del recibo, como sí lo son los peajes, cargos o el bono social.
Sin embargo, para las comercializadoras independientes, esta decisión amenaza la viabilidad del negocio.
Javier Colón Cortegoso, presidente de la Asociación de Comercializadores de Energía (ACENEL), sostuvo que los márgenes en los contratos a precio fijo son demasiado ajustados para absorber un sobrecoste tan inesperado y elevado.
“Hay ofertas vigentes en el comparador de tarifas que ya estaban a margen cero incluso antes del apagón. Si a eso le sumás un incremento de 10 €/MWh en servicios de ajuste, directamente pasás a pérdidas”, declaró en diálogo con Energía Estratégica España.
Un coste imprevisible y sin cobertura
Colón denuncia que el coste del servicio de ajuste es, por naturaleza, no cubrible en los mercados de futuros, a diferencia del precio del mercado mayorista, que sí puede cubrirse con derivados estándar.
“No hay instrumento financiero que permita cubrir este riesgo. Ni siquiera las grandes comercializadoras verticalmente integradas lo tienen resuelto, pero al menos ellas pueden compensar internamente con generación”, añade.
Asimismo, destaca que esta falta de cobertura coloca en una situación crítica a los actores más pequeños, que deben competir con precios fijos bajos para captar clientes, pero no cuentan con generación propia ni con economías de escala para amortiguar el golpe.
La imposibilidad de trasladar este coste —derivado de una situación sobrevenida y operativa, no contractual— lleva a muchas comercializadoras a modificar sus contratos con preaviso, como permite la Ley del Sector Eléctrico. Sin embargo, la CNMC advierte que esto no puede hacerse de forma unilateral.
El Presidente de ACENEL plantea que la solución estructural es incorporar estos costes dentro de la tarifa regulada, como sucede en otros países europeos, donde el coste de restricciones se estime anualmente y se reparta entre los consumidores por tramos tarifarios.
“De lo contrario, los consumidores no pueden comparar ofertas y el precio fijo desaparece como producto viable para los nuevos entrantes”, advierte.
Concentración y pérdida de competencia
Este escenario profundiza una tendencia de concentración del mercado en manos de los grandes grupos energéticos.
“Si no se cambia el modelo, sólo Iberdrola, Endesa o Naturgy podrán seguir ofreciendo precio fijo. El resto deberá migrar a tarifas indexadas o cerrar”, sostiene Colón.
Aunque descarta cierres inminentes, reconoce que varias compañías ya están trasladando estos costes o renegociando contratos para evitar el colapso financiero.
Muestra de ello es el caso de Gana Energía que, con cientos de miles de clientes, ya han activado medidas de emergencia.
Cabe reconocer que España es una excepción en Europa en cuanto al tratamiento del coste de los servicios de ajuste, ya que no está integrado en la estructura tarifaria regulada, como sí ocurre en la mayoría de los países del entorno.
“Esto venía en un informe de la CNMC”, recuerda el directivo, quien subraya que en otros mercados este tipo de costes se reparten entre los consumidores mediante mecanismos regulados, lo que permite a todos los actores “jugar con las mismas cartas” y evita distorsiones en la competencia.
En ausencia de una revisión del esquema de reparto de costes —particularmente en situaciones excepcionales como la actual—, algunos actores del sector advierten que podrían acentuarse los procesos de concentración en el mercado eléctrico, limitando la diversidad de ofertas y reduciendo el margen competitivo para nuevos entrantes.
