El sistema eléctrico español enfrenta una disyuntiva técnica y regulatoria sin precedentes tras el colapso de tensión cero que el pasado 28 de abril produjo el apagón en la Península.
El punto crítico está en cómo se repartirá el coste del rearranque del sistema, una operación que no solo implicó la activación de unidades de respaldo, sino que también generó distorsiones económicas aún sin resolver.
Carlos Martín Graña, Responsable de Operaciones de ENERJOIN, identifica tres modelos posibles para afrontar esta liquidación, con implicancias dispares para los consumidores y el mercado.
“Si tú publicas un coste cuarto horario, este coste solo lo va a pagar la gente que tiene un suministro”, señala.
Esta primera opción, basada en la asignación directa del coste según la hora de restitución del servicio, sería inviable, según el ejecutivo, ya que “los pocos que fueron teniendo luz poco a poco tendrán un coste desorbitado e inasumible”.
En diálogo con Energía Estratégica España, el directivo menciona una segunda vía: calcular el coste total de rearranque del 28 y 29 de abril y repartirlo entre todos los consumidores en un plazo corto. Sin embargo, alerta que esta solución también podría tensionar las tarifas.
“Si lo pagamos en siete días, con una demanda pequeña, el coste puede situarse entre 30 y 60 euros por megavatio hora”, explica.
Por ello, Graña apuesta por una tercera opción, que considera la más sensata: “Calcular todos los costes del 28 y 29, dividir entre toda la demanda anual y crear un concepto en euros por megavatio para todo el año que viene”.
Este enfoque permitiría una dilución del impacto en el tiempo, reduciendo su efecto tarifario y evitando desigualdades.
Desde su visión operativa, el coste —que utiliza como ejemplo una estimación hipotética de 10 millones de euros— deberá ser soportado en última instancia por el conjunto del sistema: “Todo lo va a pagar seguro, sí o sí, el sector y, por extensión, los consumidores”.
Los mecanismos podrían incluirse vía tarifa, peajes, cargos o incluso déficit tarifario, detalla.
El esquema definitivo deberá ser establecido por la CNMC, mientras que Red Eléctrica ejecutará la liquidación técnica correspondiente. Graña remarca que, aunque la autoridad reguladora sea independiente, su intervención representa de facto una posición del Estado: “Si se está metiendo la CNMC, sí que es indirectamente como si lo hiciera el Gobierno”.
OMIE activará una reliquidación extraordinaria el 16 de junio
En paralelo al diseño del mecanismo de reparto del rearranque, el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha informado que el próximo 16 de junio realizará una reliquidación de los programas de compra y venta correspondientes a los días 28 y 29 de abril, ajustando las operaciones afectadas por el apagón.
“Esto nunca se había dado, o al menos yo no lo recuerdo”, señala Graña, al subrayar la naturaleza inédita del procedimiento. La medida afectará a comercializadoras y generadores que habían cerrado posiciones para esos días en el mercado diario y no pudieron ejecutar los contratos por la interrupción sistémica.
Aunque esta reliquidación corrige la parte financiera del mercado, no aborda directamente el reparto del coste técnico del rearranque, cuya definición sigue pendiente y se proyecta como el principal desafío para el regulador.
ACIE reclama previsibilidad ante los sobrecostes del sistema
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) expresó su inquietud mediante un comunicado oficial, en el que advierte sobre los sobrecostes derivados del refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón.
“Resulta imprescindible que se determine con urgencia la duración del refuerzo del sistema eléctrico español y se comunique de forma oficial a todos los agentes implicados”, señala el documento. La entidad subraya que esta falta de definición impide planificar financieramente los impactos tarifarios, lo cual podría trasladarse a los usuarios finales.
Además, ACIE exige que cualquier esquema de reparto de costes se diseñe con equidad y transparencia, reclamando una intervención clara de la CNMC que proteja el equilibrio del mercado sin favorecer a segmentos específicos.
Este llamado institucional converge con el análisis de Graña, quien considera que el esquema final debe minimizar los efectos tarifarios desiguales: “El impacto será mayor o menor según el tiempo en que se diluya el coste, pero la clave es repartirlo proporcionalmente entre toda la demanda”.
